La demanda por mayor seguridad está instalada, pero el desafío del Gobierno es convertirla en una política sostenible, con respaldo político, capacidad de gestión y límites institucionales claros.
La Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) constituye el principal eje de la política de seguridad del Gobierno. Con 35 proyectos de ley y una reforma constitucional, busca combinar producción legislativa, ampliación de facultades estatales y un fuerte posicionamiento político en torno al control del orden público.
Sin embargo, la arquitectura de la agenda revela una tensión relevante: el énfasis está puesto en producir nuevas normas y ampliar atribuciones, más que en desarrollar capacidades de gestión que permitan implementarlas. La aprobación de nuevas herramientas no garantiza, por sí sola, una mayor capacidad estatal para prevenir, investigar y perseguir el delito.
Esa tensión quedó expuesta con la reforma constitucional que buscaba establecer un nuevo estado de excepción y ampliar las facultades del Ejecutivo. La iniciativa ingresó al Congreso sin los votos necesarios y abrió diferencias dentro del propio oficialismo, desplazando el debate desde el combate al crimen organizado hacia la concentración de atribuciones presidenciales.
La discusión sobre seguridad también evidencia que el consenso sobre el diagnóstico no implica necesariamente un consenso sobre la respuesta. Los partidos que respaldan al Gobierno coinciden en la necesidad de recuperar el control estatal, pero han mostrado diferencias respecto del alcance de las facultades presidenciales y de los contrapesos institucionales.
La convergencia posterior entre distintos sectores para modificar el diseño original del estado de excepción muestra precisamente ese desplazamiento: el debate deja de estar centrado únicamente en la intensidad de la respuesta y pasa a concentrarse en cómo debe diseñarse institucionalmente esa respuesta. Para La Moneda, esto transforma la seguridad en una prueba de coordinación política y capacidad de construir mayorías antes de enfrentar la negociación legislativa.
La experiencia reciente también muestra una diferencia entre la capacidad de comunicar acciones concretas y la capacidad de sostener una evaluación favorable de la política de seguridad en su conjunto.
El Plan Cancerbero logró altos niveles de conocimiento y respaldo como operación específica. Sin embargo, ese apoyo convivió con una evaluación más débil respecto del cambio general que estaba produciendo el Gobierno en materia de seguridad. Posteriormente, el respaldo a la agenda de seguridad descendió, mientras una mayoría se inclinaba por retirar o modificar la reforma constitucional y buscar acuerdos.
La señal es relevante: la demanda por mayor seguridad no supone respaldo indiscriminado a cualquier instrumento. Los datos recogidos en el reporte muestran una ciudadanía que distingue entre medidas de mayor capacidad estatal frente al crimen y aquellas que implican una concentración más amplia de poder presidencial.
Esta dinámica importa porque la seguridad se ha convertido en un eje transversal de la gestión del Gobierno y, al mismo tiempo, en un espacio donde se cruzan gobernabilidad, capacidades estatales y coordinación institucional. La dificultad ya no consiste únicamente en instalar el problema, sino en demostrar que las herramientas escogidas pueden traducirse en resultados sostenidos.
Para el mundo empresarial, esa distinción resulta particularmente relevante. La evolución de esta agenda puede incidir no solo en las condiciones de seguridad, sino también en la forma en que el Estado ejerce sus atribuciones, coordina a sus instituciones y enfrenta procesos legislativos de alta sensibilidad.
La seguridad aparece así como una de las primeras pruebas de gobernabilidad del Gobierno: la demanda por mayor control está instalada, pero su traducción en política pública dependerá de la capacidad de articular autoridad, resultados y acuerdos institucionales.