A cuatro meses de instalado, el Gobierno de Kast ha dejado de tratar el orden como un objetivo de seguridad para convertirlo en uno de sus ejes para interpretar problemas públicos.
Durante junio, el Ejecutivo empezó a hablar del orden en términos que exceden el combate a la delincuencia. Más que perseguir el delito o robustecer las capacidades del Estado, el Gobierno comenzó a vincular problemas diversos con la necesidad de restablecer la autoridad, reforzar el cumplimiento de deberes y recuperar normas básicas de convivencia. Dos Proyectos de Ley ingresados en ese período responden a esta lógica: los de Responsabilidad Parental y Registro Único de Vándalos e Incivilidades. Su relevancia política está en el marco que instalan: uno donde el ejercicio de derechos aparece inseparable del cumplimiento de deberes y donde la seguridad deja de ser solamente un problema de control del crimen, para convertirse en una expresión de un deterioro del orden social.
Este giro narrativo no ocurre en el vacío. Coincide con una reconfiguración de la conducción política del Ministerio de Seguridad Pública con la llegada del ministro Arrau –del círculo más cercano al Presidente Kast–, la renovación de ambas subsecretarías y el fortalecimiento del ministro Alvarado como principal articulador del Ejecutivo. El Gobierno no cambió sus prioridades declaradas; cambió la arquitectura política encargada de conducirlas. Ese reordenamiento es el que dota al relato del orden de coherencia y capacidad de ejecución: primero se alinea la conducción con el núcleo de convicciones del Presidente y luego esa conducción proyecta el orden como principio organizador.
Conviene, sin embargo, no sobreinterpretar. La evidencia sugiere menos una estrategia plenamente articulada que una orientación que combina convicciones del oficialismo con respuestas contingentes a temas de alta resonancia pública. La agenda avanza más por acumulación de iniciativas y oportunidades que por un plan previamente estructurado e incorpora por momentos elementos de populismo penal, como el proyecto de Escuelas Protegidas enviado tras el asesinato de una profesora en Calama. La tensión decisiva será entre narrativa y resultados: estos proyectos operan como una prueba de coherencia entre el discurso del orden y la capacidad real del Gobierno de traducirlo en gestión.
Lo más relevante no son los proyectos en discusión, sino el marco que ayudan a instalar. Cuando conceptos como autoridad, deberes y responsabilidad individual pasan a organizar la lectura oficial de los problemas públicos, anticipan también cómo el Ejecutivo interpretará y responderá a conflictos que van mucho más allá de la delincuencia. Se empieza a delinear así, una suerte de matriz ideológica en torno a la cuál se podría reordenar el debate político y hasta el rol de la oposición.