La creciente competencia entre Estados Unidos y China está haciendo cada vez más difícil separar las decisiones económicas de las consideraciones geopolíticas, presionando los márgenes de maniobra con que habitualmente se ha manejado Chile en el ámbito internacional.
El sistema internacional atraviesa un período de transición caracterizado por el debilitamiento de las instituciones multilaterales y la erosión de las reglas universales. En su lugar, emerge un esquema crecientemente transaccional, en el que las relaciones entre países se organizan en función de las asimetrías de poder y las afinidades políticas por sobre principios generales. Esta transformación se refleja en la aplicación de barreras arancelarias como herramientas de presión política y en el condicionamiento del respaldo económico a las coincidencias ideológicas con el actual gobierno estadounidense.
Esta reconfiguración representa un desafío de alta complejidad debido a la dualidad estructural de nuestro país. Chile depende de China como su principal socio comercial —concentrando el 36,8% de las exportaciones nacionales en 2025— y de Estados Unidos como la mayor fuente de inversión extranjera, tecnología y exportación de servicios. Episodios recientes, como la controversia ligada a proyectos de infraestructura digital y cables submarinos, demuestran que las decisiones tecnológicas y de conectividad han dejado de evaluarse bajo criterios técnicos. Hoy se han convertido en activos estratégicos disputados por las superpotencias, lo que genera presiones directas sobre la regulación y los entornos normativos locales.
Frente a esta coyuntura, las acciones del Gobierno sugieren una búsqueda de equilibrio selectivo. Mientras por un lado se profundiza el alineamiento estratégico con Washington mediante acuerdos sobre minerales críticos y tierras raras, por el otro se mantienen activos los canales de integración comercial con Beijing a través de gestiones de la subsecretaria de relaciones económicas internacionales. En este contexto, proteger la confiabilidad de Chile exige establecer criterios institucionales transparentes para evaluar inversiones estratégicas e infraestructura, evitando justificaciones discrecionales que alteren la certeza jurídica.
En un mapa internacional caracterizado por la volatilidad, la resiliencia de las corporaciones dependerá de incorporar el análisis geopolítico como un insumo estratégico en sus decisiones de gobernanza e inversión. Preservar márgenes de maniobra no requiere de una equidistancia rígida, sino de la capacidad de evaluar riesgos específicos y anticipar transformaciones en el entorno regulatorio e institucional.